Una de las noticias preocupantes de los últimos tiempos, sobre todo porque atañe a un segmento de la población extremadamente frágil, el de los jubilados, es la que tiene que ver con el anuncio, por parte de las autoridades gubernamentales, de que los dineros a los que tienen derecho las personas que se acogen a la jubilación anticipada van a ser cancelados con bonos del estado ecuatoriano. 

 

Esto es para quienes, habiendo alcanzado una edad entre 60 y 70 años, una edad en la que muchos deciden ya dejar de trabajar porque lo han hecho toda su vida y tienen derecho a un legítimo descanso, desean jubilarse, el pago será en bonos, es decir en papeles, proporcionados por las autoridades respectivas del gobierno. 

 

Para que se entienda bien lo que estamos comentando, es necesario recordar que a los 70 años de edad, la jubilación es forzosa, es decir obligatoria para los profesores, y que entre 60 y 70 esta es opcional. Hacia donde se dirige nuestro comentario y la preocupación manifestada, es que, al margen de que la jubilación sea voluntaria o forzosa, lo que hace la persona que se jubila, es ejercer un legítimo derecho, lo hace además con su propio dinero, ya que a lo largo de su vida hizo aportaciones, complementadas con lo que su patrono (sea este o no el Estado), deposita o entrega al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, precisamente para disponer de ese dinero cuando sienta que ya no puede o no quiere continuar trabajando y se acoge a este beneficio generado con su esfuerzo.

 

El IESS es una institución que debe estar al servicio de los afiliados, no transformarse en el eterno prestamista de los gobiernos de turno, sino realizar las mejores inversiones de los dineros que se depositan, y que garanticen el retorno adecuado, así como la cobertura tanto de las prestaciones de salud como de las jubilaciones. 

 

Por ello sorprende que se tomen estas disposiciones, sin considerar que quien se jubila, lo hace por sus propios derechos. La entrega de bonos del estado, por más seguros que estos documentos puedan parecer, se encuentran sujetos a los vaivenes económicos y no tienen la inmediatez en cuanto a su conversión en dinero en efectivo, lo que puede ocasionar que hasta se los tenga que cambiar en la banca privada con el consiguiente descuento que este tipo de documentos suelen tener. La preocupación está latente, es necesario que se tome en cuenta la óptica de los jubilados y se atienda a sus necesidades.

 

 

 

ROSALÍA ARTEAGA SERRANO.